Carácter subversivo del bloqueo

Andrés Zaldívar Diéguez

El bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba por parte del Gobierno norteamericano, y en general toda la guerra económica contra la nación cubana, tuvieron su origen y alcanzaron sus rasgos fundamentales como parte integrante de las grandes operaciones subversivas encaminadas a destruir la Revolución que se llevaron a vías de hecho en los primeros años de la década del 60. Medidas económicas posteriores, incluidas la llamada Ley Torricelli, la Helms-Burton y otras, piezas de planes subversivos más amplios, lo que han hecho es extender y profundizar lo alcanzado en aquellos primeros años.

Este proceso ha formado parte de una regularidad en la toma de decisiones del vecino del norte contra Cuba: cuando se han empeñado en la elaboración y ejecución de medidas para destruir a la Revolución, que en todos los casos han tenido un profundo contenido subversivo, entre ellas siempre han estado las de tipo económico. Los intentos por hacer desaparecer la Revolución han concluido siempre en una derrota, iniciando un nuevo ciclo en espiral, y las nuevas medidas económicas complementan y profundizan las anteriores trayendo como resultado el aberrante sistema actualmente existente, que si algo muestra es el fracaso de todas las medidas adoptadas previamente.

Las grandes operaciones subversivas de los primeros años que le dieron al bloqueo sus rasgos básicos fueron tres. Dos de ellas, la que culminó en la invasión por Playa Girón y la Operación Mangosta, son muy conocidas y estudiadas, pero nunca se ha prestado la atención debida a sus contribuciones en el establecimiento del bloqueo económico de Cuba y la conformación de la guerra económica anticubana. La tercera de esas operaciones, aprobada por el presidente Kennedy el 19 de junio de 1963, ha sido desconocida por el gran público e incluso en sectores especializados en los últimos cuarenta años. 

MAYO DE 1959 A ABRIL DE 1961: PREPARATIVOS Y EJECUCIÓN DE LA INVASIÓN POR PLAYA GIRÓN.

Las medidas que contra la economía cubana se adoptaron en los primeros meses posteriores al triunfo de la Revolución no respondían aún a un plan elaborado expresamente a destruirla, sino que eran continuidad de los planes existentes desde 1958 para impedir su triunfo. La animadversión mostrada por la administración Eisenhower hacia el nuevo estado de cosas emergido en Cuba tras la fuga del tirano Batista se manifestó en medidas de presión económica que perseguían impedir el fortalecimiento de las posiciones más revolucionarias y radicales. Una de las primeras fue la tácita negativa a la devolución de los fondos robados al erario público por malversadores y asesinos, ascendentes a 424 millones de dólares del tesoro de la República que rápidamente se depositaron en bancos norteamericanos, sin que fuese devuelto a Cuba ni los criminales de guerra que encontraron refugio en las costas de la Florida ni los fondos robados. Otra acción fue la negativa al otorgamiento de un empréstito solicitado por el Banco Nacional de Cuba, el 12 de febrero de 1959, encaminado a estabilizar la moneda cubana. Las amenazas de eliminación de la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano también formaron parte de estas tempranas medidas contra la economía, que hubiesen sido exitosas si en Cuba no hubiese existido una Revolución verdadera.

La Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959, necesidad urgente e impostergable para el desarrollo económico y social de la nación, trajo consigo la decisión gubernamental norteamericana de acabar con la Revolución, y como parte de ello el inicio de la sistematización de las medidas de guerra económica. Fue el momento en que se inició la regularidad que aludíamos más atrás: a una nota del Departamento de Estado del 11 de junio, clamando por una “pronta, adecuada y efectiva compensación”, y a una medida congresional del 8 de julio que otorgaba al Presidente mayores facultades para suspender la ayuda a todo país que nacionalizase propiedades norteamericanas, le sucedió un período de 8 meses en que la CIA elaboró e inició el cumplimiento de los planes que supuestamente destruirían la Revolución, aprobados por el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960, fracasados estrepitosamente en las arenas de Girón en abril de 1961, entre los que se encontraban las presiones contra nuestra economía.

Que las medidas económicas que se aplicarían en la nueva etapa se comenzaron a gestar desde mediados de 1959 como parte de ese paquete subversivo más amplio lo prueba un documento del 1º de julio de ese año, del Departamento de Estado, que mencionaba entre las alternativas de medidas de presión económica la prohibición a préstamos públicos o privados, el tratamiento comercial discriminatorio, el desaliento a la inversión y el impedimento a transacciones financieras. El que desde octubre de 1959 se iniciara por la flotilla aérea secreta de la CIA el ametrallamiento y bombardeo con sustancias incendiarias de los centrales azucareros y plantaciones cañeras cubanas para dañar la economía en su principal renglón exportable, en acciones que rondaban ya el medio centenar para abril de 1961, completaba el tipo de acciones a realizar: eran tanto acciones abiertas de política comercial como encubiertas contra sectores priorizados de la economía.

Medidas de ambos tipo se encontraban en el denominado Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro, aprobado por Eisenhower el 17 de marzo y que dio luz verde a los preparativos para lo que posteriormente fue el fracaso de Girón. Generalmente no se vinculan las medidas abiertas de guerra económica que se ejecutaron en todo aquel período, hasta abril de 1961, con las de carácter secreto, entre ellas la creación de una oposición contrarrevolucionaria en Cuba o la creación de una fuerza paramilitar externa que la entrenase y la abasteciese de armas y explosivos para la ejecución de sabotajes, a pesar de su orgánica interacción. Finalidades similares y complementarias tenían la suspensión del suministro de petróleo o la cancelación de la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano con la grave afectación de la infraestructura económica del país manifestadas en los sabotajes a la red comercial, que alcanzó su punto más alto con el incendio de El Encanto, o el ataque terrorista a la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba, en el que incluso intervino una de las embarcaciones participantes poco después en la invasión por Girón.

El gran aporte de esta primera operación subversiva en la génesis del bloqueo se sintetiza en el denominado Programa de Presiones Económicas contra el Régimen de Castro, línea de actuación aprobada por el presidente Eisenhower el mismo día 17 de marzo de 1960, escasamente conocido y poco relacionado con las medidas públicas que como parte del mismo se gestaron y aplicaron, cuyo objetivo era el de hacer de tal manera difíciles las condiciones económicas internas en Cuba que les facilitase su labor a la contrarrevolución que en esos momentos crearon externa e internamente. Los objetivos perseguidos se sintetizan en un documento del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960: “... enajenar el apoyo interno a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas”, a fin de “... causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno".

Ese Programa de presiones económicas, orgánicamente integrado a los planes desembocados en Girón, fue precisados al más alto nivel gubernamental en reunión en el Departamento de Estado el 27 de junio de 1960, y dio origen al bloqueo. Entre sus primeras medidas estuvo la reducción y posterior suspensión de la entrega de petróleo a Cuba y la reducción y posterior corte de la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano, mencionadas antes, pero también las presiones a inversionistas norteamericanos para que se retirasen de Cuba, las prohibiciones de visitar Cuba a turistas norteamericanos y las medidas encaminadas a prohibir las exportaciones norteamericanas a Cuba, puestas en vigor el 19 de octubre de 1960, que en la práctica iniciaron el bloqueo económico de la Isla.

La invasión por Playa Girón en abril de 1961, que culminó en un estrepitoso fracaso, dejó tras de sí el primer gran grupo de medidas contra la economía cubana, públicas y secretas, que inició la sistematización de la guerra económica contra la Revolución. La etapa que le sucedió trajo consigo nuevas medidas que contribuyeron a conferirle los rasgos que le caracterizaron en las siguientes décadas.

MAYO DE 1961 A ENERO DE 1963: LA OPERACIÓN MANGOSTA, LA OFICIALIZACIÓN DEL BLOQUEO DE CUBA Y LA POLÍTICA DE TIERRA ARRASADA DE SU ECONOMÍA

Un segundo momento en la toma de decisiones y ejecución de acciones anticubanas, con gran incidencia en la esfera de las presiones económicas, fue el período comprendido entre mayo de 1961 y enero de 1963, en que se gestó, se echó a andar y fracasó la Operación Mangosta, en que la administración Kennedy intentó hacer pagar caro a la Revolución cubana la humillación del fracaso en Girón, y que no hizo más que pasar a la posteridad como otro Girón, pero esta vez en secreto.

La idea operacional de Mangosta, que luego de su etapa preparatoria emergió en noviembre de 1961, era provocar una desestabilización interna tal en el país que trajese consigo un levantamiento popular programado para el mes de octubre de 1962, el que se complementaría con la invasión militar directa. Todo ello debía acabar con la Revolución. Se aplicarían medidas de diverso tipo, desde propagandísticas hasta intentos de asesinato del Comandante en Jefe. Las medidas económicas eran las cuantitativamente más numerosas, y en estrecha interacción con las medidas de sabotaje y otras de carácter militar elevaron la guerra en esta esfera a un nivel inimaginable en aras de lograr una tábula rasa en la economía cubana, que las dificultades de ellas derivadas compelieran al levantamiento popular perseguido.

Un aspecto que nunca ha recibido la suficiente divulgación es que la oficialización del bloqueo económico de Cuba, y con ello su profundización, fue resultado de la primera de las medidas económicas de la Operación Mangosta.

Según el plan elaborado, que contemplaba manipular a la Organización de Estados Americanos (OEA) tal y como hoy lo hace contra la Revolución bolivariana, la diplomacia norteamericana se empeñó a fondo para que la Octava Reunión de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de esa organización, cuyas sesiones se realizarían a fines de enero de 1962 en el balneario uruguayo de Punta del Este, emitiese una resolución de condena de la Revolución cubana, que se utilizaría como justificación para la asfixia económica de Cuba. Por haberlo conseguido, tras su regreso de ese cónclave el Secretario de Estado Dean Rusk fue recibido como héroe en los jardines de la Casa Blanca y de inmediato, el 3 de febrero, el presidente Kennedy firmaba la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, Resolución Federal 1085 del 6 del mismo mes, que entró en vigor al día siguiente, bajo la autoridad legal de la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Extranjera del 4 de septiembre de 1961, estableciendo el bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba.

La pauta establecida en la Operación Mangosta se cumplía, al justificarse tal medida en su preámbulo de la forma siguiente: “Considerando: que la Octava Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores, sirviendo como Órgano de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en su declaración final resuelve que el actual Gobierno de Cuba es incompatible con los principios y objetivos del Sistema Interamericano...”. Emergido del contexto clandestino de la Operación Mangosta, el bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba rápidamente se convirtió en el punto focal de las relaciones entre los dos países, sin abandonar en los 41 años transcurridos la finalidad subversiva para la que fue concebida la guerra económica: que la insatisfacción y las dificultades económicas, el hambre y la desesperación creen condiciones para la destrucción de la Revolución.

La extraterritorialidad se reflejó en las tareas 22 y 23 de las tareas de Mangosta: en cumplimiento de ellas trabajaron en aras de lograr la cooperación en las medidas económicas anticubanas por parte sus aliados de la OTAN, tanto bilateralmente como en aquel foro integrador, así como de Japón.

La execrable guerra biológica fue expresamente reflejada en la tarea número 21, encomendada a la CIA “para provocar fracasos en las cosechas de alimentos en Cuba”, iniciando una práctica también encaminada contra la población animal de valor económico e incluso la salud humana, que posteriormente a través de la epidemia del dengue hemorrágico en 1981 cobró 158 vidas, de ellas las de 101 niños. También se le encomendó a este organismo de inteligencia y subversión la tarea 24, encaminada a impedir las exportaciones cubanas de níquel, iniciando una persecución al comercio de ese producto que aún hoy se mantiene.

La destrucción de las principales industrias cubanas eran tareas a cumplir mediante la realización de los miles de sabotajes que se programaron con la utilización de medios y métodos clandestinos, encomendadas a la CIA como parte de la tarea 30, incluida en el epígrafe de las acciones militares. El Grupo Especial (Ampliado) del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos se esmeró a fondo en la precisión de cuáles debían ser las principales industrias del país que debían ser destruidas a través de métodos terroristas. Ello es fácilmente verificable en los documentos desclasificados del Gobierno norteamericano de ese período.

El pueblo cubano enfrentó aquella escalada terrorista y salió vencedor en la contienda. La nueva situación creada tras la Crisis de Octubre obligó al Gobierno norteamericano a cancelar la Operación Mangosta, lo que se hizo firme a partir de enero de 1963. Pero el ya complejo sistema de medidas contra la economía mantenía toda su vitalidad, y en muy poco tiempo, en los meses venideros, ya alcanzaría la totalidad de rasgos básicos, lo que acaeció en la siguiente etapa.

PRIMER SEMESTRE DE 1963: LA GUERRA ECONÓMICA CONTRA CUBA ALCANZA SUS RASGOS BÁSICOS

La actividad subversiva contra Cuba no decayó tras la cancelación de la Operación Mangosta: todo lo contrario. En un tercer momento en la adopción de las medidas subversivas anticubanas, correspondió formular las nuevas propuestas a un órgano creado entonces en el Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos Cubanos, así como a un grupo interagencias sobre Cuba formado por representantes de alto nivel de los Departamentos de Estado y de Defensa así como, con un muy destacado rol, de la CIA.

Tras un proceso deliberatorio que se inició desde diciembre de 1962, esas propuestas tomaron cuerpo en una denominada Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba, aprobada por el presidente Kennedy el 19 de junio de 1963, a través de la cual se le dio continuidad, e incluso fue incrementada, la política de tierra arrasada sobre la economía cubana que había caracterizado a la etapa de la Operación Mangosta.

Si algo resultaba novedoso en la nueva Política era precisamente que elevaba a niveles más altos la interacción entre las diferentes medidas públicas y secretas que se debían ejecutar contra la Revolución, en aras de una multiplicación de efectos derivada de su aplicación como parte de un sistema de medidas. El espionaje que se realizase debía indicar cuales eran los sectores más importantes a afectar mediante el sabotaje de sus instalaciones y equipos, y luego las medidas de bloqueo debían dificultar su reposición. A su vez, la situación creada debía incrementar el rechazo de la población al Gobierno revolucionario y facilitar la recopilación de una información cada vez de mayor calidad. De ahí el carácter integrado de acciones recogido desde su propio título. El resultado obtenido fue exactamente el opuesto: las medidas adoptadas lo único que lograron fue que el pueblo se identificase cada vez más con su Revolución.

Las seis medidas de esta Política que debían actuar combinadamente eran la recolección encubierta de inteligencia; acciones de propaganda para estimular la realización de sabotajes de bajo riesgo y otras formas de resistencia activa y pasiva en la población; la explotación y estimulación de la desafección en sectores sensibles de la sociedad; fortalecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero; sabotajes y hostigamientos generalizados; así como el apoyo a grupos de la emigración contrarrevolucionaria en la ejecución de acciones terroristas contra naves de transporte o pesca y las zonas costeras del país, dando la impresión de que estas actuaban autónomamente.

De su solo enunciado se percibe que la asfixia de la economía cubana hasta lograr la total parálisis del país era uno de los objetivos básicos de este nuevo proyecto subversivo del Gobierno norteamericano contra Cuba. En el apartado dedicado a los sabotajes se puntualizaba que se debían priorizar las acciones contra los sectores relacionados con la generación eléctrica; el petróleo, aceites y lubricantes; los transportes de todo tipo y el amplio campo de la producción y el procesamiento de manufacturas, mencionándose expresamente el complejo niquelífero de Nicaro, plantas productoras de cemento, destilerías y una infinidad de industrias asociadas con la producción de alimentos, ropas y materiales de construcción.

Se puntualizaba que la selección de los objetivos específicos a sabotear, y la determinación de la táctica para su ejecución, debía realizarse atendiendo a la extensión en que el objetivo podía ser físicamente dañado, el efecto resultante sobre la economía, el costo o esfuerzo requerido para que el campo socialista entonces existente supliera lo dañado, su efecto psicológico sobre la población, las reacciones adversas que pudiesen anticiparse y las capacidades operacionales y las limitaciones en los medios por parte de la CIA.

No debe existir ninguna duda con respecto a que la promulgación por el Departamento del Tesoro norteamericano, el 8 de julio de 1963, de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, que le dieron al bloqueo los rasgos básicos que aun hoy subsisten, respondió de forma directa a la cuarta de las medidas de la Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba, encaminada al fortalecimiento del bloqueo. 

Esas Regulaciones establecieron la congelación de los fondos cubanos en Estados Unidos, la prohibición de todas las transacciones financieras y comerciales que no estuvieran bajo licencia, el embargo de las importaciones cubanas; la prohibición a cualquier persona de cualquier nacionalidad y lugar de establecer transacciones no autorizadas con Cuba en dólares estadounidenses, e incluyeron las Regulaciones sobre Exportaciones del Departamento del Comercio.

Podemos afirmar que con las medidas económicas de esta Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba de junio de 1963, que se sumaban o potenciaban las que ya se habían adoptado previamente en cada una de las dos operaciones subversivas anteriores, se concluyó el ciclo iniciado tras la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en Cuba en mayo de 1959 y el bloqueo económico y en general la guerra económica contra Cuba alcanzaba sus rasgos básicos. 

No por ello esta guerra económica ha dejado de hacerse cada vez más férrea y criminal, y medidas ulteriores siempre han estado en directa relación con otros planes subversivos, sin abandonar nunca sus objetivos: que la insatisfacción y las dificultades económicas de la población propicien el derrocamiento del Gobierno.

Bibliografía 

Departmen of State: Foreign Relations of United States. United States Printing Government, volume VI (1992); volume X (1997); volume XI (1996)