Bloqueo de EE.UU. contra Cuba por encima de la ley

 

Por Armando Pérez Fernández

 La Habana, 14 oct 2004(PL) El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba se sustenta hoy en dos legislaciones aprobadas por el Congreso norteamericano, con el propósito de legitimar de alguna forma su ilegal acoso comercial, económico y financiero a la isla.

 Ambas leyes, célebres por su carácter extraterritorial, fueron refrendadas en los años más difíciles de la crisis de los 90, conocida como período especial.

 Entonces la isla perdió el 85 por ciento de su comercio exterior tras la desaparición del campo socialista europeo.

 Evidentemente, el fin era cortar toda posibilidad de desarrollo económico en un momento en que esta reordenaba su política comercial, mientras en Miami muchos preparaban las maletas y desempolvaban viejos títulos de propiedades nacionalizadas.

 El primer engendro, como llaman los cubanos a ambas sanciones, fue aprobado con el nombre de Ley Torricelli en 1992, justo cuando en la isla se vivía una etapa de profundo desabastecimiento, por la casi nula actividad económica de ese período.

 Como consecuencia, fueron interrumpidas bruscamente las importaciones procedentes de subsidiarias norteamericanas en terceros países, que representaban un monto de 718 millones de dólares.

 El 91 por ciento de ese rescindido intercambio lo constituían alimentos y medicinas compradas fuera de Estados Unidos.

 En un verdadero dolor de cabeza se convirtieron asimismo las comunicaciones marítimas para Cuba, a consecuencia de las severas prohibiciones impuestas por la Torricelli a la navegación marítima.

 Quedó institucionalizado que el buque de cualquier nación soberana que tocara puerto cubano, no podrá atracar en una rada norteamericana hasta transcurridos seis meses.

 La disposición disparó enormemente los precios de los fletes y elevó aún más el riesgo en las transacciones comerciales y las operaciones de acarreos de mercancías hacia y desde la isla.

 A pesar del viento del norte en contra, la nación antillana comenzó a mostrar signos de recuperación económica en la segunda mitad de la década de los 90, lo que obligó a aquellos que se habían quedado con las maletas hechas a inventar nuevas estratagemas.

 En 1996 sacaron de la manga la Ley Helms-Burton, firmada por el presidente William Clinton.

 Flanqueado por parte de su estado mayor, el entonces mandatario estampó su firma de aprobación ante un nutrido público compuesto por el poderoso exilio cubano de Miami, al que dedicaba un guiño de complicidad.

 La nueva legislación recrudeció los efectos del bloqueo, incrementó el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial e impuso la persecución y sanción a actuales y potenciales inversionistas extranjeros en Cuba.

 Por otra parte, autorizaba el financiamiento de acciones hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano, como demostración de que Washington está metido hasta el cuello en la dolorosa estela de más de cuatro décadas de terrorismo dirigido a la isla.

 Los estimados oficiales, siempre conservadores, consideran que el bloqueo estadounidense ha costado más de 82 mil millones de dólares a la economía antillana.

 Sin embargo, es difícil cuantificar los daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por las acciones terroristas estimuladas por la Casa Blanca.

 Tampoco es posible deducir con exactitud el valor de los productos dejados de fabricar, o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le imponen a Cuba.

 El perjuicio ocasionado por el cerco en el último año superó los dos mil 764 millones de dólares, según recoge el informe titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

 Este será presentado el próximo 8 de noviembre, la decimocuarta vez que la nación caribeña lleve el asunto a votación ante la Asamblea General de la ONU, donde alcanzó un respaldo mayoritario de la comunidad internacional en todos los referendos anteriores.