El Sr. Bush y la Seguridad Social cubana

 3 de noviembre de 2004. Josefa tiene 59 años de edad y es pensionada; Mario, trabaja en la industria azucarera y recibe su salario por estudiar en la Universidad; Julia disfruta de licencia de maternidad; Caridad percibe remuneración por atender a su hijo con discapacidad severa... Ellos y muchos otros cubanos son beneficiarios de la seguridad y asistencia sociales que el pasado año destinó a estas esferas más de 2 000 millones de pesos.

 La Seguridad Social en Cuba no solo es asunto de pensiones y prestaciones, experimenta cambios en correspondencia con la profundización del trabajo social y la constante lucha por alcanzar la plena justicia para todos.

Sin embargo, el presidente estadounidense W. Bush, quien pretende iluminar con metralla "cualquier oscuro rincón del mundo", tiene un plan "para asistir a una Cuba Libre", que curiosamente no incluye la prestación de asistencia social a jubilados, pensionados, embarazadas e incapacitados, entre otros grupos poblacionales celosamente protegidos por el Estado cubano.

Javier Rodríguez, asesor del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, explica que el cumplimiento del Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Política de Empleo, ratificado por Cuba, es obstaculizado sistemáticamente por la demencial guerra económica impuesta por el vecino del Norte.

Sus negativos impactos sobre el desarrollo económico, la obtención de créditos de los organismos financieros internacionales y la inversión extranjera, dificultan la creación de empleos, y afectan con ello la seguridad económica y la protección social de 11 millones de cubanos.

El bloqueo, afirma, imposibilita el acceso a tecnologías de altos niveles de seguridad, y a precios favorables para garantizar la protección y la salud a los trabajadores; limita la compra de materiales y maquinarias para la producción de equipos de protección personal con destino a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales; obstruye el acceso a la literatura científico-técnica y reglamentaciones, y dificulta la formación científica de profesionales cubanos en prestigiosas instituciones estadounidenses.

Con sus 98 páginas y 100 recomendaciones el capítulo segundo del plan de Bush, denominado Enfrentar las necesidades humanas básicas en las áreas de salud, educación, vivienda y servicios humanos, revela abiertamente los turbios propósitos de la Administración de EE.UU. y su aliada, la mafia terrorista, con respecto a Cuba.

Lo dicen con claridad: "La economía cubana y el presupuesto del Gobierno después de la transición no serán capaces de sostener el nivel inmerecido y los relajados requerimientos de elegibilidad que el sistema comunista permitía". El Gobierno de "transición" que el imperialismo yanki impondría a Cuba dejaría de asumir los más de 2 000 millones de pesos que el Estado revolucionario dedica anualmente a la Seguridad Social, o los 580 millones de pesos destinados a la Asistencia Social.

Se trata, apunta el especialista, de desmontar todo el sistema de protección social cubano, estructurado sobre la base de principios socialistas y solidarios, de forma tal que deje de ser un derecho del pueblo para convertirse en un servicio selectivo para aquellos que puedan costearlo, como ocurre en la mayoría de los países que han aplicado reformas neoliberales. En buen cubano, el sálvese quien pueda para nuestros trabajadores y sus familias, los jubilados y pensionados.

Otra de las medidas propuestas por la comisión de Bush es la de trabajar "con instituciones caritativas e iglesias, para encontrar soluciones que provean acceso a los servicios médicos básicos y otros servicios humanos a nivel de comunidad a cubanos de la tercera edad".

La "Cuba libre" de Bush, agrega el asesor, eliminaría todo el sistema de atención primaria de Salud, confiscaría los consultorios del Médico de la Familia, privatizaría los policlínicos, hospitales y Hogares de Ancianos; vendería las Casas del Abuelo y los mercados comunitarios; acabaría con la infraestructura de apoyo a nuestros adultos mayores, y pondría la suerte de todos ellos en manos de una "caridad" no tan divina.

"Quiere decir que el abuelo hipertenso de Puerto Padre no podrá tomarse la presión diaria y gratuitamente en su consultorio médico; ni la abuela del Cerro podrá asistir a sus sesiones de fisioterapia en el remozado policlínico de Monte, y los grupos de atención geriátrica desaparecerían por no resultar costeables. Si acaso, la 'transición' les depararía un pequeño espacio en cualquier calle, una alcancía y un cartel con el ruego: Estoy desamparado, ayúdeme."

Después de la "discusión" sobre la "reforma" de nuestra seguridad social, y oído el parecer de algunos mafiosos de la Florida, la comisión acordó recomendar "el incremento del mínimo de las pensiones (a los jubilados y pensionados) y ajustarlas al índice de precios de los productos". Como la medida pudiera ser considerada "justa" —y lo que es peor "solidaria y socialista"—, se decidió agregarle una coletilla para evitar el mal ejemplo: "Considerando el financiamiento de la transición, a través de las ventas de las propiedades del Estado"; o sea, vendo las propiedades del pueblo y con ese dinero aumento un poquito las pensiones. ¿Cinismo, descaro, obscenidad? Quizás, mejor, ¿pornografía política?, precisó Rodríguez.

¿Qué puede ofrecer al pueblo cubano Bush, que se opuso al incremento salarial de los soldados destacados en Iraq, vetó la asignación de 1 000 millones de dólares para la atención a los veteranos estadounidenses, e introdujo severos recortes al Medicare y otros programas sociales que beneficiaban a las personas de la tercera edad en Estados Unidos?

La seguridad social en EE.UU., hoy

45 millones de personas (15,6%) no tienen seguridad de salud o protección en caso de enfermedades graves.

Más de 15 millones de personas trabajan a tiempo parcial, de duración determinada y sin beneficios de seguridad social.

12 millones de pobres sufren hambre crónica y malnutrición.

Dos millones de personas no tienen domicilio y viven en la calle.

Más de siete millones de personas están sin empleo; seis millones de personas tienen ocupaciones temporales. (Granma digital)