Administración de Trump, creciente agresividad contra Cuba

Por Martha Andrés Román

La agresividad el Gobierno estadounidense hacia Cuba continúa en ascenso cuando el presidente Donald Trump y varias voces de su administración apelan una vez más al recrudecimiento de sanciones y las amenazas contra la isla.

Menos de seis meses después de ratificar en Miami, Florida, la hostilidad hacia el territorio antillano, Venezuela y Nicaragua, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, regresará la próxima semana a ese mismo escenario con igual discurso, y muy probablemente el anuncio de nuevas medidas.

Según informó el propio consejero el 12 de abril en su cuenta de Twitter, el objetivo del viaje es hablar sobre los pasos que está adoptando la administración para enfrentar lo que Washington califica de 'amenazas de seguridad' relacionadas con La Habana y Caracas, 'y la crisis democrática' en Nicaragua.

La presencia de Bolton en Florida y su nueva arremetida contra esas naciones latinoamericanas no resulta un panorama nuevo para Cuba, que durante casi 60 años ha enfrentado el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene pese al rechazo de la gran mayoría de la comunidad internacional.

Su alocución y las nuevas acciones que anuncie ese día, se unirán a la ya extensa lista de medidas aprobadas por el actual ejecutivo norteamericano para revertir el camino de acercamiento iniciado entre los dos países en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

Durante la misma jornada en la que el controvertido asesor visitará Florida, el Departamento de Estado podría dar a conocer su decisión sobre la aplicación total del Título III de la Ley Helms-Burton, una normativa promulgada el 12 de marzo de 1996 que desafía el Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

En específico, el mencionado Título III muestra el carácter extraterritorial del bloqueo, porque permitiría a nacionales de Estados Unidos llevar a los tribunales a todo el que 'trafique' con 'propiedades norteamericanas' en Cuba.

A través de ese apartado, Washington otorga la posibilidad de iniciar un juicio contra aquellas personas de terceros países que inviertan en el territorio caribeño en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, con el claro objetivo de desestimular la inversión extranjera en la nación antillana.

La aplicación del Título III había sido suspendida por todas las administraciones estadounidenses desde 1996, dados los perjuicios que implicaría su puesta en práctica, no solo para Cuba, sino para Estados Unidos y aliados de esta nación como la Unión Europea y Canadá.

Pero mientras las prórrogas de esa suspensión siempre se realizaban cada seis meses, los tiempos se redujeron desde enero pasado, cuando el Departamento de Estado canceló su entrada en vigor solo por 45 días.

En marzo, en tanto, se suspendió el apartado por otros 30 días, pero en ese caso el Gobierno norteamericano dijo que a partir del 19 de ese mes permitiría la presentación de demandas judiciales contra más de 200 empresas cubanas incluidas en una lista unilateral de sanciones económicas.

La última prórroga a la implementación del controvertido título se anunció el 4 de abril, cuando Washington manifestó que la aplicación total del apartado continuaría suspendida por otras dos semanas.

Tanto la brevedad de ese plazo como los comentarios realizados en Twitter por el propio Bolton y, sobre todo, por el senador republicano Marco Rubio, enemigo acérrimo del acercamiento entre los dos países, parecen indicar que la administración procederá con la puesta en marcha del título.

De suceder así, y tal y como ocurre con el bloqueo, Washington haría oídos sordos al criterio de analistas, empresarios y políticos que en el propio territorio norteamericano se oponen a ese paso, así como a los llamados de otras naciones que también rechazan tal medida.

Además de la amenaza con este mecanismo, el ejecutivo norteamericano dio otro golpe a los vínculos entre ambas naciones con la cancelación del histórico acuerdo alcanzado en diciembre entre las Grandes Ligas del béisbol estadounidense (MLB, siglas en inglés) y la Federación Cubana de ese deporte (FCB).

Mediante ese convenio, los equipos de ligas mayores podrían contratar directamente a peloteros cubanos en la isla, sin que estos últimos debieran abandonar su país ni se enfrentaran a los riesgos del tráfico de personas.

El Departamento del Tesoro comunicó a los abogados de la MLB en una carta del 5 de abril que estaba revirtiendo una decisión del Gobierno de Obama a través de la cual se permitía a los conjuntos de la Gran Carpa pagar a la FCB una tarifa de liberación por jugador.

La administración de Trump, que recibió fuertes presiones de Bolton y Rubio para deshacer el pacto beisbolero, argumentó que realizar desembolsos a la federación equivaldría a entregar el dinero al Gobierno cubano, e ignoró el modo en que ese mecanismo contribuiría a frenar el tráfico de personas.

A todo ello se une que en el plazo de una semana (5 y 12 de abril), el Departamento del Tesoro dio a conocer sanciones contra empresas vinculadas al sector petrolero venezolano y contra embarcaciones que, según Estados Unidos, transportan crudo de la nación sudamericana a Cuba.

Steven Mnuchin, secretario de esa entidad federal, pretendió defender esas acciones con el argumento de que La Habana tiene responsabilidad en la crisis en Venezuela, cuando varias fuentes denuncian el impacto de los castigos y hostilidad de Washington en la situación existente en ese territorio.

A su vez, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, al intervenir el 10 de abril en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, acusó a Cuba de apoyar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a mantenerse en el poder contra la voluntad popular, pese a que el mandatario fue reelegido con el 68 por ciento de los votos.

Cuba no teme a las amenazas, aseguró ese mismo día en la isla el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro, quien sostuvo que 'la vocación de paz y entendimiento' del país caribeño 'está acompañada de la inconmovible determinación de defender el derecho soberano de los cubanos a decidir el futuro de la nación'.

Es en medio de ese contexto que pronunciará Bolton su discurso en Miami ante la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos (Brigada 2506) el 17 de abril.

Fue en igual fecha, pero de 1961, que la organización con la cual compartirá el consejero de Trump comenzó la invasión por Playa Girón, en la occidental provincia cubana de Matanzas, la cual fue derrotada por las fuerzas revolucionarias de la isla tras 60 horas de combates.

El día escogido para esta nueva alocución del asesor de Seguridad Nacional y el público ante el cual la pronunciará, son señales adicionales de que pueden venir nuevas acciones contra la mayor de las Antillas.

Probablemente, según analistas, Bolton tratará de justificar una vez más las medidas con el argumento de que son en apoyo 'al pueblo cubano', cuando sus palabras en realidad estarán dirigidas a buscar el aplauso de los presentes en el discurso y a sumar votos para Trump y los republicanos de Florida de cara a las elecciones de 2020.

Ese 'pueblo cubano' al que él hará referencia seguramente no incluye a las personas afectadas por el bloqueo, a los miles de trabajadores del sector privado que han visto sus negocios perjudicados por las restricciones de viajes de los estadounidenses, o los peloteros que de momento ven frustrado el sueño de jugar en las Grandes Ligas sin abandonar definitivamente su país.

(Cubavsbloqueo/Prensa Latina)

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