Nuevas medidas contra el Pueblo y la Economía de Cuba.

Como si no fueran suficientes las pruebas presentadas por el gobierno estadounidense de su menosprecio por el presente y futuro del pueblo cubano, de su irrespeto a la voluntad de la comunidad internacional y de su burla al legítimo interés del pueblo norteamericano de establecer una relación normal y razonable con Cuba, el 6 de mayo del 2004 se anunciaron nuevas medidas, en la presentación que el Presidente George W. Bush hiciera del Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”. Este informe  es un plan del gobierno de los Estados Unidos, dirigido a privar a Cuba de su independencia y soberanía mediante la intensificación de la agresión económica y política con el propósito de lograr la desestabilización interna, propiciar la intervención directa para destruir la Revolución y perpetuar la dominación de los Estados Unidos sobre el pueblo de Cuba.

El Informe contiene nuevas medidas descarnadamente injerencistas y humillantes para el pueblo de Cuba que recrudecen  de manera notable el bloqueo económico contra el país y las violaciones de los derechos humanos de sus habitantes, de los cubanos residentes en los Estados Unidos y de los propios ciudadanos estadounidenses.

Con ellas se incrementan las injustas y discriminatorias restricciones impuestas a los cubanos residentes en los Estados Unidos, el único grupo nacional respecto al cual el gobierno de ese país, en abierta violación de su Constitución, se arroga la facultad de determinar sobre las relaciones que puedan mantener con sus familiares y con su país de origen.

En seis capítulos y más de 450 páginas dicho Informe, además de recrudecer el curso agresivo de la política  contra Cuba, expandir el bloqueo y pretender aplicar el “cambio de régimen” viola groseramente la soberanía cubana al definir como deben ser sus estructuras estatal y económica, su sistema político, su organización social y su ordenamiento jurídico. Este no podría contener más mentiras, rencor, frustraciones e injerencia en los asuntos internos de Cuba.

Más restricciones a los viajes a Cuba

Entre las nuevas medidas anticubanas anunciadas el pasado 6 de mayo y cuya implementación la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer el 16 de junio, se incluyen varias acciones y disposiciones encaminadas a fortalecer aún más las ya draconianas restricciones de los viajes a Cuba de los ciudadanos norteamericanos y de  los cubanos residentes en territorio estadounidense, acrecentando las limitaciones a las relaciones familiares y a erosionar, aún más, importantes fuentes de ingreso para la Isla, en particular, aquellas vinculadas con su principal industria: la turística.

La Administración de Bush decidió:

Continuar restringiendo el otorgamiento de licencias para viajes educacionales y de intercambio académico a ciudadanos e instituciones norteamericanas, limitándolos a nivel universitario, a más de diez semanas de estancia, y haciéndolas depender únicamente de que los proyectos académicos “apoyen directamente los objetivos de la política estadounidense” hacia Cuba, en otras palabras, el derrocamiento de la Revolución Cubana.

Eliminar la posibilidad de que los ciudadanos norteamericanos viajen como  “invitados con los gastos pagados” (fully hosted).

Reducir las visitas a la Isla de cubanos residentes en Estados Unidos de un viaje anual, a uno cada tres años. Se estableció, adicionalmente, la necesidad de un permiso específico para cada viaje, en lugar de la licencia general que funcionó hasta la aplicación de las nuevas restricciones. Ello constituye un ataque directo a la reunificación y relaciones de las familias cubanas.

Establecer que  los cubanos recién llegados a Estados Unidos, sólo podrán viajar a Cuba luego de tres años de haber emigrado.

No se permitirían viajes excepcionales aunque haya situaciones apremiantes.

Limitar la estancia de cubanos residentes en Estados Unidos en sus visitas a Cuba a 14 días.

Limitar el número de cubanos residentes en Estados Unidos con derecho a visitar Cuba, a partir de una reducción arbitraria de las categorías de familiares que son aceptados legalmente como miembros de una familia cubana. El gobierno norteamericano decretó que los familiares que podrán ser visitados en Cuba se restringirán a: “abuelos, nietos, padres, hermanos, esposos e hijos”. Es decir, en lo adelante, un primo, una tía u otro familiar cercano, no serán considerados elegibles para ser visitados, independientemente del nivel de cercanía afectiva y emocional que tengan con los cubanos que residen en Estados Unidos.

Disminuir la cantidad de dinero que podrán gastar los cubanos residentes en Estados Unidos durante sus visitas a Cuba, de 164 a 50 dólares diarios. Sólo se autorizará el monto de 50 dólares para gastos de transportación interna en el país durante los 14 días de estancia.

Eliminar la licencia que autorizaba a importar a Estados Unidos un máximo de 100 dólares en mercancías cubanas, sólo para uso o consumo personal. Quedó entonces terminantemente prohibido a los viajeros procedentes de Cuba, ingresar a su regreso a Estados Unidos cualquier artículo adquirido en Cuba, independientemente de que el mismo haya sido comprado o recibido como regalo.

Limitar a 44 libras (19,8 kg.) el peso del equipaje permitido a un viajero autorizado a visitar Cuba, salvo que la OFAC le autorice expresamente a llevar un peso mayor.

Eliminar las licencias generales otorgadas para la participación en competencias amateur y semiprofesionales organizadas en Cuba, con el auspicio de una federación internacional deportiva. En lo adelante, la OFAC autorizará tales actividades sólo bajo una licencia específica y después de darles consideración caso a caso. También quedó eliminada la posibilidad de participar en talleres y clínicas especializadas, ya sean relacionadas con los deportes u otras actividades.

Apoyar las acciones en terceros países emisores de turismo a Cuba, para desestimular las visitas de sus nacionales a la Isla.

Con las nuevas restricciones y prohibiciones de viajes a los ciudadanos norteamericanos y a los cubanos residentes en los Estados Unidos y a contrapelo de la voluntad mayoritaria del Congreso expresada en votaciones durante los últimos cuatro años,  el gobierno norteamericano socava, una vez más, derechos humanos básicos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, tanto en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como en ambos Pactos Internacionales. Es flagrante la violación del Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que respecta a la libertad de viajar a la que son acreedoras las personas que tienen legalizada su situación en cualquier Estado, principio que fuera reafirmado por la Asamblea General mediante su Resolución 57/227, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las familias”.

Por dicha resolución, el más representativo órgano principal de las Naciones Unidas exhortó a todos los Estados a garantizar “la libertad universalmente reconocida de viajar a todos los ciudadanos de otros países que residan legalmente en su territorio”, y reafirmó que “todos los gobiernos, y en particular los de los países de acogida, deben reconocer la importancia vital de la reunificación de las familias y promover su incorporación en la legislación nacional, a fin de que se proteja la unidad de las familias de los inmigrantes documentados”. [1]

Ningún pueblo, como el cubano, ha sido sometido a tanta discriminación y manipulación política de sus relaciones migratorias por sucesivos gobiernos de Estados Unidos. En virtud de la criminal Ley de Ajuste Cubano y otras disposiciones gubernamentales, las autoridades norteamericanas someten los vínculos migratorios bilaterales a sus intereses de desestabilización y descrédito de la Revolución Cubana. Al cubano que logre arribar ilegalmente al territorio norteamericano -independientemente de que la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana le hubiese negado la visa para emigrar, o que hubiese cometido en el contexto de su travesía irregular hacia Estados Unidos algún delito contra las personas o los bienes- se le acogerá y reconocerá automáticamente su residencia legal en ese país.

Las recientes medidas adoptadas por la Administración de Bush, que agravan el tratamiento discriminatorio a la comunidad de emigrados cubanos, demuestran que el tan proclamado tratamiento preferencial que reciben los cubanos que emigran ilegalmente a ese país, así como aquellos que se benefician del número limitado de cuotas disponibles para la emigración legal y ordenada, no tiene una motivación humanitaria, sino de manipulación política.

Además de contrarias al ejercicio pleno de los derechos humanos, las restricciones y prohibiciones a los viajes que la administración norteamericana refuerza con estas medidas, son ilegales en el contexto de las propias leyes estadounidenses. La cuestión de los viajes a Cuba, no se circunscribe al ámbito de jurisdicción administrativa que un presidente estadounidense pueda variar a su albedrío. Este tema quedó sujeto a ley en ese país desde el año 2000.

La Administración de Bush ha hecho mucho más férrea la aplicación del bloqueo a Cuba. Incluso, a finales del pasado año Senadores y Representantes norteamericanos denunciaron públicamente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) empleaba cinco veces más agentes para perseguir e investigar las violaciones a las leyes del bloqueo contra Cuba, que los que dedicaba a rastrear las finanzas de Al-Qaeda.
 

Entre 1990 y el 2003, la OFAC inició solamente 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional, mientras desató 10 683 pesquisas para impedir que los norteamericanos ejerzan su derecho de viajar a Cuba. Luego de las 93 investigaciones sobre el terrorismo, la OFAC multó con un total de 9 425 dólares a los inculpados. En cambio, penalizó con un total de 8 millones de dólares a los ciudadanos norteamericanos que habían visitado la isla sin las licencias del Departamento del Tesoro.

En un informe de fecha 9 de febrero de 2004, que puede ser consultado en su página web, la OFAC se felicitaba porque su División de Penalidades Civiles tenía en ese momento una lista de 200 acciones relacionadas con violaciones del bloqueo a Cuba y por el hecho de que la mayoría de ellas habían resultado en sanciones monetarias. Además, anunciaba que entre el 10 de octubre y el 30 de noviembre de 2003, habían notificado 348 nuevas acciones penales por actividades de esta naturaleza.

Resulta común encontrar en la prensa norteamericana reportes y artículos relativos a procesos legales a los que han sido sometidos ciudadanos norteamericanos por visitar Cuba. En abril del 2004, por ejemplo, dos jubilados del Estado de Vermont, Wally y Barbara Smith, se vieron obligados a pagar una multa por valor de 55 mil dólares. La OFAC los acusó de haber viajado a Cuba en cuatro ocasiones, gastar dinero en la Isla, y haber escrito un libro titulado “Bicycling in Cuba”, publicado en el 2002.

La paranoia de persecución a sus propios ciudadanos no conoce límites. A inicios de febrero del 2004, a Fred Burks y a su novia, la OFAC les notificó que debían pagar una multa de 7,590 dólares, por haber visitado la Isla en diciembre de 1999. Fred Burks, quien ha trabajado como intérprete de los presidentes William Clinton y George W. Bush, rehusó pagar dicha multa, y ahora está pendiente de una nueva sanción, probablemente más grave.

Ya en marzo del 2003, la OFAC había anunciado que no renovaría las licencias para los viajes de intercambios educacionales, o sea, los llamados intercambios “pueblo a pueblo”. Como consecuencia evidente de la aplicación de esa restricción, desde enero del año en curso hasta el mes de junio, viajó a Cuba un 26 % menos de ciudadanos norteamericanos, en comparación con los que viajaron en el 2003 durante el mismo período. En el mes de julio, después de las nuevas medidas aprobadas por el Presidente George W. Bush, la reducción respecto a julio del 2003 fue del 52,4 %.

Es bien conocido que desde hace aproximadamente cinco años, el turismo se convirtió en la principal fuente de ingresos de la economía cubana, que el desarrollo de este sector ha dinamizado al resto de las actividades económicas del país, y que una parte considerable de la población cubana complementa su sustento y recibe servicios sociales financiados, de modo directo o indirecto, con el desenvolvimiento de esta industria. También es de dominio público que la actividad turística en el último decenio ha experimentado un crecimiento promedio anual del 10 por ciento, a pesar de los perniciosos efectos del bloqueo y de la crisis económica mundial[2]. No es casual el hecho de que las nuevas medidas intenten sabotear y crear obstáculos adicionales a este vital sector de la economía cubana.

Estudios preliminares realizados por el Ministerio de Turismo de Cuba acerca del impacto previsible de las restricciones anunciadas el 6 de mayo, indican que el número de viajeros norteamericanos al país se reduciría considerablemente. Según cálculos de ese Ministerio, la contracción de los ingresos por tal motivo se ubicaría entre los 27 y los 38 millones de dólares. [3]

En el caso de los viajeros de origen cubano, a los que las nuevas medidas no sólo limitan la cantidad de veces que pueden visitar su país (de una vez al año a una cada tres años), sino también el monto de sus gastos en Cuba, el estudio del Ministerio de Turismo estimó que al término del 2004, las afectaciones que tendría el país ascenderían a 66 millones de dólares.

En resumen, a causa de las abusivas medidas descritas, a partir del 30 de junio de 2004, la economía cubana dejará de ingresar entre 93 y 104 millones de dólares en la esfera del turismo, sin contar los daños que ocasionarán las acciones que en terceros países alientan las autoridades norteamericanas para desestimular el turismo hacia Cuba, perjuicios que por el momento no han podido ser cuantificados.

Más restricciones a las remesas familiares

Existe un amplio consenso internacional sobre la importancia que para el desarrollo, en particular de los países del Sur, tienen las remesas familiares de sus emigrados, y acerca de la necesidad de que todos los Estados, tanto los receptores como los emisores de remesas, extiendan facilidades y aseguren los procedimientos para la realización de las operaciones de rigor en este tipo de transferencias internacionales de recursos, entre los miembros de una familia que viven en distintos países.[4]

Hace apenas tres años, en un discurso titulado “Las remesas como instrumento de desarrollo”, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, afirmó:

“(...) Las remesas son una expresión del vínculo entre las colectividades de emigrados y sus comunidades de origen, y son un medio para el desarrollo, ya que las mismas ofrecen una importante fuente de recursos de capital predecibles, tanto para los gobiernos como para las familias, por su impacto en el mantenimiento de los niveles de bienestar de los hogares receptores (...)”

Un estudio de abril del 2004 del BID, titulado “Sending Money Home: Remittance To Latin America And The Caribbean”, analizaba la importancia vital que ha adquirido el flujo de remesas provenientes de Estados Unidos para no pocas economías de la región; y daba a conocer sus estimados por países. La República Dominicana, por ejemplo, recibió el pasado año 2,217 millones de dólares, El Salvador 2,316 millones, Guatemala 2,106 millones, y Jamaica 1,425 millones.

Para obstaculizar por cualquier vía la posibilidad de desarrollo del pueblo cubano, el gobierno de los Estados Unidos también se arrogó la potestad de agredir con estas nuevas medidas algo tan natural y sensible como las remesas y los vínculos familiares.

Las recomendaciones de la “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre” del 6 de mayo, ratificadas por las disposiciones para su implementación de la OFAC el 16 de junio, restringen tanto el espectro de emisores de las remesas, como el de destinatarios. Cualquier ciudadano norteamericano y cubano residente en Estados Unidos, podía remesar a Cuba. Ahora sólo podrá hacerlo el ciudadano estadounidense y los cubanos residentes que tengan familiares directos en la Isla, según la definición arbitraria de familia cubana que ha hecho la Administración de Bush (abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos).

De lo anterior se deriva que los ciudadanos norteamericanos quedan privados del derecho a enviar dinero a cubanos amigos y que los cubanos residentes en Estados Unidos serán los únicos emigrados que tendrán prohibido enviarle ayuda económica a una tía anciana, a un primo, a otro familiar cercano o simplemente, a un amigo.

Otra de las medidas que afectarán el envío de las remesas y que revela el irrespeto de la Administración de Bush por la dignidad y los derechos políticos del pueblo cubano, es la que prohíbe a los cubanos residentes en Estados Unidos el envío de remesas y paquetes a sus familiares, si estos son “funcionarios del gobierno o miembros del Partido Comunista”. Siguiendo la irracional lógica de esta restricción, se podría presentar perfectamente el caso de una anciana de 70 años que viva en Cuba, y que tendría que renunciar a sus derechos políticos para recibir la remesa que le envía un hijo emigrado en los Estados Unidos.

En las reglamentaciones de la OFAC del 16 de junio se establece que la cantidad de remesas que un viajero autorizado podrá llevar a Cuba queda reducida de 3 000 dólares a 300 dólares. Hasta la fecha, cualquier viajero que visitara legalmente Cuba, podía llevar consigo las remesas de hasta 10 familias cubanas. No eran pocos los emigrados que utilizaban esa vía.

Es evidente que, aún cuando supuestamente se mantiene la posibilidad de continuar remesando la misma cantidad de dinero a través de instituciones bancarias establecidas y que tengan licencias del Departamento del Tesoro para ello, todas estas nuevas medidas referidas a restringir el número de emisores y receptores y a controlar absolutamente las vías de envío, repercutirán directamente en la disminución de los montos de remesas que finalmente la población cubana recibirá.
 

La crueldad que denota la limitación de las remesas familiares contrasta con el envío de recursos ilimitados, como el propio Informe apunta, a los mercenarios que actúan a favor de los intereses del gobierno norteamericano dentro de Cuba, y sus familiares.

Incluyen también otra medida especialmente oprobiosa, que recuerda las prácticas de “delaciones” promovidas por las hordas hitlerianas para incrementar la efectividad de sus redadas de captura y posterior represión a judíos y comunistas. La Administración de Bush ha decidido pagar “recompensas” a quienes identifiquen a “violadores” de las nuevas disposiciones y como si fuera poco, articulará “operaciones encubiertas” de sus agencias federales, para neutralizar y reprimir cualquier actividad “violatoria” a las restricciones.

Un número creciente de los cubanos residentes en los Estados Unidos no comparten la hostilidad del gobierno norteamericano contra Cuba, y querrían sostener relaciones fluidas y normales con su país de origen y sus familiares, sin estar limitados por amenazas, delaciones y reprimendas.

Asimismo, las nuevas medidas de restricción de remesas y paquetes son contrarias al sentir mayoritario del legislativo norteamericano que ha aprobado en los últimos años propuestas para su eliminación. El pasado 7 de julio, por ejemplo, la Cámara de Representantes aprobó, por 221-194 votos, una enmienda en este sentido presentada por el Representante Jeff Flake (R-AZ) a la Ley de Asignaciones a los Departamentos de Comercio, Justicia, Estado y la Rama Judicial para el año fiscal 2005.

Más acoso extraterritorial

Las autoridades estadounidenses utilizan como pretexto para sostener sus políticas unilaterales de coerción económica, que cada país tiene derecho a seleccionar a sus contrapartes comerciales. Sin embargo, en el caso del bloqueo a Cuba, resulta evidente que la aplicación de esa política rebasa con creces el simple rechazo de un socio comercial.

La política de bloqueo contra Cuba es sumamente agresiva y activa en lo que se refiere al desestímulo y persecución a las inversiones extranjeras, y a cualquier otro tipo de vínculos comerciales y financieros que el país desarrolle con el resto del mundo. El actual gobierno norteamericano aprobó íntegramente las sugerencias del Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, en lo que se refiere a profundizar la efectividad y alcance extraterritorial de las medidas dirigidas a asfixiar la economía cubana.

En el primer capítulo del Informe dedicado a las medidas para derrocar a la Revolución Cubana, se recomendó “aplicar firmemente” las sanciones contenidas en el Título IV de la Ley Helms-Burton, que prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a Estados Unidos a inversionistas extranjeros en Cuba. Incluso, se decidió destinar recursos adicionales y más personal para hacer cumplir esas disposiciones de la Ley.

Además, el Informe instó a las autoridades norteamericanas a realizar un estudio riguroso para evaluar si la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton es contraria a los intereses norteamericanos, o si su aplicación pudiese acelerar la caída de la Revolución Cubana. En la práctica evoca la posibilidad de celebrar juicios en cortes norteamericanas contra empresarios de terceros países que realicen negocios con Cuba, algo que hasta ahora, y gracias a la presión internacional, se había venido posponiendo.

Al respecto, las nuevas medidas prevén, además, una revisión país por país, probablemente para imponer patrones selectivos de castigo y dividir a la comunidad internacional en su rechazo a la aplicación de las medidas extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.

Pocos días después del anuncio de las nuevas medidas anticubanas, el Departamento de Estado volvía a engrasar sus mecanismos de amenazas y chantajes contra los inversionistas en Cuba.

El 20 de mayo pasado, el Presidente de la cadena hotelera jamaicana Super Club, recibió una inquietante notificación del Departamento de Estado norteamericano. En el documento se le recordaba que uno de sus contratos de administración hotelera con Cuba contravenía lo dispuesto en la Ley Helms-Burton, y que por esa razón, a él y a su familia se les podía denegar el visado para viajar a Estados Unidos. Además, se le aclaraba que de entrar en vigor el título tercero de dicha Ley, podría ser sensiblemente perjudicado, puesto que en ese título se prevé entablar procesos judiciales contra aquellos inversionistas u hombres de negocios extranjeros que “trafiquen” con propiedades “confiscadas” en Cuba después de 1959 a norteamericanos o a cubanos nacionalizados norteamericanos.

En consecuencia, Super Club decidió anular el contrato de administración, firmado pocos meses atrás con el Grupo Hotelero cubano Gaviota S.A., para la gestión del Hotel Las Dalias, ubicado en Playa Pesquero, Provincia de Holguín.

Aunque las empresas cubanas que operan en el mercado internacional lo hacen con una clara personalidad jurídica y un registro legal que cumple estrictamente con los requerimientos establecidos por la legislación de los países donde radican y desarrollan sus negocios y a pesar de que estos negocios son absolutamente en todos los casos actividades lícitas y estrictamente respetuosas de las normas y prácticas establecidas internacionalmente, el Informe de la llamada “Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre” insiste en acosar y entorpecer el desenvolvimiento de las mismas.

Al respecto, recomienda “neutralizar a las empresas ficticias que son en realidad propiedad del Gobierno cubano” y con este fin, propuso crear un Grupo de Evaluación de Bienes, dedicado a investigar las nuevas maneras en que se introducen y sacan divisas de Cuba.

Incluso antes de que se anunciaran las nuevas medidas anticubanas la Administración de Bush había dado pasos para entorpecer las relaciones de nuestro país con diferentes instituciones bancarias en el mundo y así bloquear los ingresos que, por concepto de turismo, recaudación de dólares a través de las ventas en las tiendas en divisas, y otros servicios, Cuba obtiene y deposita en bancos extranjeros.

Por esa vía el gobierno norteamericano presiona para que los bancos extranjeros no acepten canjear a otras monedas los dólares norteamericanos ingresados por Cuba. El procedimiento de canje y transferencia de divisas resulta imprescindible al Estado cubano, incluso para llevar a cabo sus importaciones de alimentos y medicinas, tomando en cuenta que el bloqueo impide a los extranjeros que visitan Cuba el uso de tarjetas de crédito o cheques de viajeros emitidos por bancos u otras entidades financieras norteamericanas, que son precisamente las que controlan ese mercado. Los envíos de remesas y los pagos de los visitantes extranjeros en la Isla tienen que realizarse empleando efectivo en la mayoría de los casos.

Esos fondos, cuyos orígenes son absolutamente legítimos, se utilizan directamente, entre otros fines, para la compra de combustibles y otros insumos imprescindibles al funcionamiento de la economía nacional, para mejorar progresivamente la alimentación del pueblo y para seguir garantizando y perfeccionando el acceso universal de los cubanos a servicios básicos de calidad en las esferas de la educación, la salud y la asistencia y protección social.

Otros apuntes y valoraciones necesarias

En el Informe de la “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre” se recomienda destinar más de 59 millones de dólares adicionales al aumento de las campañas internacionales contra Cuba y al financiamiento de la subversión interna y de sus mercenarios inscritos en la nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a los que se califica hipócritamente en el documento como “oposición política”.

En el colmo de la desvergüenza, se pretende estimular el involucramiento cómplice de la comunidad internacional, en la movilización y canalización de los recursos para financiar y reclutar nuevos mercenarios que engrosarían la quinta columna de la política anticubana de Washington. De tal manera, el Informe procura la “colaboración” de terceros países en la creación de un “fondo internacional para la protección y el desarrollo de la sociedad civil en Cuba”.

El Informe establece, además, utilizar el dinero de los contribuyentes norteamericanos para el financiamiento de programas de becas universitarias, en colaboración con la Organización de Estados Americanos “para que los hijos de los disidentes”, interprétese sus mercenarios, “puedan estudiar en universidades latinoamericanas”.

Igualmente, a partir de las líneas de acción presentadas en el Informe, el gobierno norteamericano estimularía el financiamiento de la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) de terceros países en las campañas de desestímulo a los viajes turísticos a Cuba, práctica que Reporteros sin Fronteras ha venido ya desarrollando como pionera, bajo instrucciones y financiamiento de la CIA y la mafia terrorista de Miami, y en las campañas de propaganda y mentiras contra Cuba.

Asimismo, el Informe considera asignar 5 millones de dólares para financiar la realización de conferencias en terceros países, dedicadas a la promoción de la “transición” en Cuba. Es decir, se garantiza el dinero para que aquellos que lucran con el negocio de la contrarrevolución en Cuba, puedan seguir disfrutando de elevados viáticos, de placeres en hoteles de lujo y viajes por el mundo en primera clase.

Otra provocadora y muy grave medida es la de asignar 18 millones de dólares a las transmisiones de las mal llamadas TV y Radio Martí, a través de un avión C-130 (Comando Solo) de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, lo que constituye una irresponsable e ilegal provocación violatoria del Derecho y de las normas internacionales de la aviación y las telecomunicaciones. En el transcurso del mes de agosto de 2004, se puso en marcha esta escalada en la agresión  radioelectrónica contra el pueblo cubano.

Enmascarado burdamente como "asistencia a una Cuba libre”, el Informe aprobado por el Presidente George W. Bush, detalla minuciosamente las medidas que impondría Washington si llegara a posesionarse de nuestro país. La sociedad cubana estaría completamente sometida a Estados Unidos, que dominaría, sin excepción, todas y cada una de sus actividades. Sería interminable una reseña abarcadora de tan desmesurado intervencionismo. A continuación se indican algunos aspectos del plan norteamericano que dan una idea del grado de servidumbre y explotación al que intentaría someter a los cubanos:

Uno de los primeros pasos que debería emprender el llamado “gobierno de transición” sería la devolución de sus propiedades a los antiguos explotadores, incluyendo las viviendas y las tierras que ambiciona la mafia batistiana y anexionista.

Se privatizarían todas las ramas de la economía, que quedaría bajo la dirección de un Comité permanente del gobierno de Estados Unidos para la Reconstrucción Económica que se proponen constituir de inmediato.

Se eliminarían los subsidios y los controles de precios a los bienes y servicios que recibe la población.

Se desmantelaría el régimen de seguridad y asistencia social y no se respetaría el pago de pensiones y jubilaciones.

Se restablecería la privatización en los servicios de salud y de educación.

Con la deliberada intención de desacreditar los incuestionables e internacionalmente reconocidos logros del pueblo cubano en materia de educación y salud pública, en el Informe se establece, como parte de la “transición” la creación de instituciones y servicios que mejoren la salud, la nutrición, la educación, y los servicios sociales, a través de la introducción de las prácticas de la “libre empresa”. Se llega incluso a concebir el estímulo del involucramiento de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en esos planes.

Se obvia que la comercialización y privatización de estos servicios sociales básicos, a los que deben tener derecho todos los seres humanos, han actuado en detrimento de la ampliación de la cobertura de atención de salud y de la realización de la meta de educación para todos en muchos países del mundo, incluidos los Estados Unidos, donde 44 millones de personas carecen de seguro y atención médica garantizada.

Los sistemas de salud y educación en Cuba, además de haber alcanzado desde hace muchos años una cobertura total y gratuita de alta calidad están siendo sometidos a profundos procesos de perfeccionamiento en su concepción e infraestructura, con el objetivo de seguirlos revolucionando.[5]

En el Informe se llega al ridículo de proponer que, durante el aludido período de “transición”, se inmunice “a todos los niños menores de 5 años que estén aún por vacunarse contra las principales enfermedades infantiles”. Esta formulación es sencillamente un despropósito, cuando el mundo y las autoridades norteamericanas en particular, conocen perfectamente que todos los niños en Cuba son vacunados contra 13 enfermedades antes de cumplir sus dos años de vida, algo que no pueden asegurar a su propia infancia las autoridades de Washington [6]

El colmo de la hipocresía es que a la vez que se aprueba esta medida, se impide a Cuba la compra de vacunas producidas por empresas norteamericanas. Recientemente, el Departamento del Tesoro multó a la empresa biotecnológica norteamericana Chiron Corporation que tuvo que pagar 168 500 dólares, solo por el hecho de que una de sus subsidiarias europeas vendió a Cuba entre 1999 y el 2002 dos tipos de vacunas para los niños cubanos. Esa ha sido la mayor multa pagada este año por una empresa basada en los Estados Unidos.

Si la Administración de Bush estuviera realmente interesada en proteger la salud de los niños cubanos, le bastaría con levantar los obstáculos que limitan a Cuba la adquisición de vacunas pediátricas, o de otros medicamentos como los citostáticos imprescindibles para el tratamiento de varios tipos de cáncer que padecen niños en la Isla.

Como digna expresión de la vocación humanista del pueblo cubano, mientras las fuerzas imperialistas que controlan el gobierno en Washington llevan bombas y muerte, sufrimientos y tortura a varios pueblos del mundo, más de 20 mil médicos y otros especialistas y personal de la salud cubana, salvan cada día cientos de vidas de personas, incluidos muchos niños, en 64 países del mundo.

El pasado 21 de junio, en respuesta a las medidas anticubanas que ha comenzado a implementar el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Fidel Castro ofreció públicamente al gobierno norteamericano la posibilidad de atender en la Isla a 3000 ciudadanos estadounidenses pobres, la misma cantidad de personas que murieron en los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001.

Ese ofrecimiento, inspirado en la ética solidaria que caracteriza al pueblo cubano, prevé asistencia médica gratuita para salvar en cinco años la vida de esos norteamericanos.

Cuba ha logrado significativos avances en función del bienestar de su pueblo, en condiciones de escasos recursos, con una muy limitada ayuda externa para el desarrollo, la ausencia de créditos blandos, y en franca batalla por resistir frente al brutal bloqueo económico, financiero y comercial que por más de 40 años los gobiernos de los Estados Unidos le han impuesto.

En el Informe anticubano endosado por el Presidente George W. Bush el pasado 6 de mayo, se llega al clímax del injerencismo imperial, cuando las autoridades norteamericanas se autoproponen para contribuir a la creación de nuevas instituciones políticas y a la redacción de leyes, reglamentos y hasta de una nueva Constitución de la República una vez que logren destruir a la Revolución Cubana. Lógicamente, todo está preparado a la medida de la voracidad del capital norteamericano.

Los cubanos recuerdan muy bien, y con mucha indignación, como tras la primera intervención militar norteamericana a la Isla (1898-1902), el gobierno estadounidense impuso un indigno tutelaje al nacimiento de su primera Constitución. A aquella Carta Magna se le impuso como apéndice la humillante Enmienda Platt que, entre otras aberraciones, otorgaba a Estados Unidos plenos derechos a intervenir en Cuba cuando percibiera peligro para sus intereses. La propia Enmienda estableció el fundamento “jurídico” para el establecimiento de la Base Naval estadounidense, que ocupa ilegalmente parte del territorio de la provincia cubana de Guantánamo, en la que se han establecido verdaderos campos de concentración  donde se cometen las peores atrocidades contra los derechos humanos[7].

El pueblo cubano tampoco olvida el tipo de “beneficio mutuo” que ha promovido históricamente Estados Unidos en sus relaciones comerciales con la Isla. En 1903, le impuso a Cuba un Tratado de Reciprocidad Comercial, bajo la amenaza de intervenir militarmente si este no era aceptado. Estaría de más decirlo, pero de “recíproco” sólo llevaba el nombre. Incluso, aún bajo la impronta de la política del Buen Vecino de los años 30 del pasado siglo, el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1934, garantizó a Estados Unidos ventajas que superaban en varias veces las que obtuvo Cuba, y selló la condena a muerte de los tímidos intentos de industrialización del país que habían tenido lugar años antes.

Si bien no debe subestimarse la influencia que pudo haber tenido la coyuntura de un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos con respecto a la aprobación y presentación del Informe de la “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, es importante destacar que las nuevas medidas que el mismo contiene, trascienden motivaciones electorales y se insertan coherentemente en la lógica de escalamiento de la hostilidad y agresiones que ha caracterizado la política hacia Cuba de la Administración del Presidente George W. Bush.

Para el pueblo cubano, la realidad es que el bloqueo se ha arreciado, y con este, las dificultades cotidianas aumentan, se profundizan los obstáculos y el sabotaje a sus planes de desarrollo económico-social, y se amenaza gravemente su derecho a la libre determinación. Se juega con el destino de un pueblo a cambio de unos pocos votos en la Florida.

Por el contrario, las brutales medidas anticubanas del Presidente George W. Bush pueden convertirse en un boomerang para sus aspiraciones reeleccionistas. Crece cada día el número de ciudadanos norteamericanos de origen cubano y el número de otros ciudadanos de ese país, que se convencen de la necesidad de detener la demente y agresiva política anticubana del equipo fascista que acompaña a la actual administración republicana, y que podrían expresar en las urnas ese descontento.

El Informe presentado y las medidas aprobadas constituyen un impúdico programa dirigido al derrocamiento del proceso revolucionario y a la recolonización de Cuba, en franco desprecio a los principios consagrados por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.